El gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el secretario federal del Trabajo, Marath Bolaños López, encabezaron un foro de análisis sobre la implementación de la jornada laboral de 40 horas, reuniendo a representantes del sector empresarial, sindicatos y autoridades laborales.
Proponen implementación gradual con beneficios fiscales
Durante el evento, realizado en el Casino Monterrey, el mandatario estatal propuso instalar una mesa de trabajo para aplicar la medida de forma gradual. Además, solicitó a la Tesorería estatal preparar paquetes de estímulos fiscales dirigidos a empresas que decidan sumarse desde el inicio al nuevo esquema laboral.
El gobernador recordó que su administración ya cuenta con un fondo financiero de hasta 30 millones de pesos para apoyar a micro, pequeñas y medianas empresas, además de ofrecer condonaciones y estímulos fiscales en otros rubros.
Apoyo económico para enfrentar el cambio
La propuesta busca reducir el impacto económico de la transición a una jornada laboral de 40 horas por semana, ayudando a las empresas a absorber costos relacionados con horas extras y ajustes operativos. El objetivo es que el cambio beneficie tanto a los trabajadores como al sector productivo sin generar afectaciones económicas.
Impacto positivo en trabajadores
Por su parte, el secretario del Trabajo federal, Marath Bolaños, destacó que la reforma beneficiaría no solo a los empleados, sino también al entorno laboral y a los propios empresarios. Aseguró que trabajadores menos cansados y con mejor equilibrio vida-trabajo tienden a ser más productivos y enfrentar menos conflictos.
También resaltó que las reformas impulsadas por la actual administración han contribuido a reducir los niveles de pobreza en el país y que esta medida forma parte de una agenda laboral orientada al bienestar integral.
Avanza el debate en el estado
Con este foro, Nuevo León se posiciona como uno de los primeros estados en iniciar discusiones formales sobre la transición hacia una jornada laboral más corta. Se espera que los resultados del análisis deriven en acciones coordinadas entre federación, estado y sector privado para garantizar una aplicación efectiva de la reforma.
